Frustraciones y diferencias por la continuidad de políticas migratorias como el Título 42 y el programa Permanecer en México dividen aliados y miembros del gobierno.
El gobierno ha realizado muchas promesas de nuevas políticas migratorias. En julio de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incluso redactó un plan integral para abandonar definitivamente el Título 42, una política de la era Trump que se utilizó extensivamente para expulsar a familias migrantes con niños. Sin embargo, el plan fue archivado poco después y nunca llegó a implementarse.
Esto se debió a la preocupación expresada por altos funcionarios de la Casa Blanca y del DHS por el riesgo de deshacer esta política en un momento crítico en la frontera, y cuando todavía hay variantes del coronavirus en circulación. Finalmente la administración Biden acabó defendiendo el uso del Título 42, que fuera invocado por primera vez por la administración Trump en 2020. Desde julio, los agentes fronterizos han hecho uso del Título 42 y otras políticas migratorias para expulsar a más de 44,000 padres y niños migrantes que viajan como familias sin permitirles solicitar asilo humanitario.
“Estamos en este lugar muy extraño dónde estamos implementando el Título 42 con más fuerza que la administración Trump”.
Declaró un oficial de la administración Biden bajo anonimato.
Continuan las mismas viejas políticas migratorias ¿pero qué sucede al interior de la administración Biden?
Los desacuerdos entre algunos oficiales de la administración Biden, que han presionado por una aplicación más estricta de las actuales políticas migratorias, incluyendo un aumento de las deportaciones, y otros que apoyan la expansión del acceso al sistema de asilo solo han obstaculizado los objetivos políticos de la administración, según personas involucradas en las discusiones.
Y en este contexto, la administración Biden se encuentra implementando las más fuertes restricciones fronterizas instituidas bajo el gobierno anterior: las expulsiones bajo el Título 42 y el programa Permanecer en México.
Aunque algunos asesores de gobierno insisten en que la aplicación del Título 42 es necesaria, otros creen que la implementación continua de estas políticas migratorias se basa principalmente en la necesidad de mantener una imagen de orden y control sobre la frontera.
“Al final del día, la política triunfa sobre la normativa. Y la política de tener un gran número de expulsiones en la frontera es lo que ha ganado”.
Declaró un miembro de la administración Biden familiarizado con las disputas internas.
La reactivación del programa Permanecer en México, por ejemplo, fue vista como una herramienta de disuasión. Algunos funcionarios incluso creen que esta política podría aplicarse de tal manera que ofrezca un mejor procesamiento y seguridad a los solicitantes de asilo.
Una situación delicada para la administración demócrata
El principal asesor de migración de Biden, Tyler Moran, declaró que la administración actual no solo se enfoca en disuadir a los migrantes. Recordó que se ha estado trabajando en muchos frentes para expandir las posibilidades de reasentamiento de refugiados y las visas de trabajo, a la vez que se han destinado grandes sumas de dinero con el fin de mitigar los factores que empujan a las personas a abandonar sus países de origen.
La administración Biden, agregó Moran, todavía está tratando de reconstruir un sistema de asilo destruido por el gobierno de Trump. Y también tiene que moverse con cuidado para asegurarse de que los cambios implementados en políticas migratorias luego no puedan ser revocados por demandas judiciales, algo que ya ha ocurrido en numerosas ocasiones.
A causa de estas diferencias y de las recientes políticas migratorias del gobierno, la relación entre la administración Biden y la comunidad de activistas se ha deteriorado enormemente a lo largo del año.
“Es necesario restaurar el sistema de asilo. Estas no son políticas de Trump, son políticas de Biden en este momento”.
Dijo Astrid Domínguez, una defensora de la inmigración que supervisa una coalición de grupos de defensa en el sur de Texas.
Cecilia Muñoz, principal asesora de inmigración del ex presidente Barack Obama, comentó que si bien comprende la frustración de los activistas, la administración de Biden se enfrenta a muy pocas alternativas. Señaló que todas las decisiones, tal como enviar migrantes a México, detenerlos o liberarlos en el país acarrean profundas consecuencias humanitarias y políticas que no son fáciles de negociar.
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