La deportación masiva de migrantes haitianos y centroamericanos genera alejamientos y malestar dentro del Departamento de Estado.
Un miembro del Departamento de Estado veterano de la administración Obama, Harold Koh, presentó su renuncia esta semana debido a lo que consideró una intolerable deportación masiva de migrantes vulnerables por parte del gobierno durante las últimas semanas. Koh señaló que se trataba de un acto ilegal que va en contra de las leyes de asilo y un uso cuestionable de una ley de salud pública.
La carta de renuncia que presentó Koh se hizo pública este 2 de octubre, y refleja una inquietud generalizada al interior del Departamento de Estado por la deportación masiva de migrantes haitianos y centroamericanos en la frontera sur. Estas caravanas de migrantes llegan al país en busca de asilo, escapando en muchos casos de una inestable y peligrosa situación en su país, que en el caso de Haití atraviesa un contexto doblemente peligroso, con un golpe de estado y un reciente terremoto.
Pero en vez de que se procesaran las correspondientes solicitudes de asilo o se evaluaran los casos de alta vulnerabilidad (algo que la administración prometió hacer pero que principalmente quedó a cargo de la presión de grupos de activistas), los migrantes fueron subidos sumariamente a aviones y forzados a regresar a los países de los que se habían visto obligados a huir.
Malestar al interior del Departamento de Estado por la deportación masiva de migrantes haitianos
Según fuentes internas del Departamento de Estado, hay mucho descontento entre los funcionarios y la visión de Koh está muy extendida. Hace dos semanas, el enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Foote, renunció por los mismos motivos. Al igual que Koh, Foote envió una carta de renuncia criticando a la administración Biden por la deportación masiva de migrantes, que llamó “inhumana”. Este funcionario también recordó al gobierno que en este momento Haití es un lugar altamente peligroso que atraviesa un colapso político y que no está en condiciones de responder a las más básicas necesidades de su población.
La administración Biden ha continuado aplicando una medida introducida por Donald Trump durante la pandemia, que permite la deportación masiva de migrantes en virtud del Título 42 de la Ley de Servicios y Salud Pública de 1944. Esta legislación fue utilizada para postular la pandemia de coronavirus como justificación sin costo político que permitiría al gobierno no proporcionar el debido proceso a los solicitantes de asilo.
“Escribo primero, porque creo que la implementación actual de la autoridad del Título 42 por parte de esta administración continúa violando nuestra obligación legal de no expulsar o devolver … a las personas que temen persecución, muerte o tortura, especialmente los migrantes que huyen de Haití”.
Escribió Koh en su carta, publicada en Politico.
Koh señaló que el caos en Haití fue suficiente para llevar a la administración Biden a extender el estatus de protección temporal a los haitianos que ya se encuentran en Estados Unidos. Por lo tanto, no habría motivos para expulsar a los que llegan en busca de asilo.
El gobierno defiende la deportación masiva de migrantes bajo el Título 42: “la autoridad recae en el CDC”
El Departamento de Estado insiste en que la decisión de usar el Título 42 está exclusivamente en manos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal de salud. Argumentan que, como el Título 42 es una orden de salud pública, y no de inmigración, la autoridad para mantenerlo recae enteramente en el CDC.
“El CDC ha determinado que la expulsión de ciertas personas bajo el Título 42 es necesaria debido a los riesgos de transmisión y propagación de COVID-19 en entornos de alta concentración de personas, como las estaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, así como debido a la amenaza aún latente de variantes emergentes.”
Declaró un alto funcionario del Departamento de Estado.
Sin embargo, cuando durante el gobierno de Donald Trump se buscó introducir esta medida, el uso del Título 42 fue criticado fuertemente por los expertos del CDC, y fue solo mediante la presión de Mike Pence, entonces vicepresidente, que se pudo disolver la oposición a la medida dentro de la agencia. Una ex asistente de Pence, Olivia Troye, renunció en protesta y sostuvo que la política fue diseñada por Stephen Miller, un asesor de Trump que lideró la campaña anti-inmigración de ese gobierno.
“Me parece que hay una manera relativamente sencilla de abordarlo si alguien representa un riesgo para la salud pública a su llegada a los Estados Unidos. Pueden ser puestos en cuarentena, pueden recibir tratamiento médico. No significa que necesiten ser deportados”.
Dijo Michael Posner, ex Subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo.
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